Rechazamos cualquier intento de minimizar estos hechos como casos aislados. (…) Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que respondan con firmeza y restauren el orden y el estado de derecho”
El 20 de octubre de 2024, dos individuos encapuchados a bordo de una motocicleta dispararon al Padre Marcelo Pérez Pérez, indígena maya tsotsil, mientras se encontraba en su camioneta, después de haber oficiado la misa en la Iglesia de Cuxtitali en San Cristóbal de las Casas. Viajaba solo y sin escolta cuando recibió varios disparos, lo que resultó en su fallecimiento inmediato. Con este asesinato se arrebató la vida a un hombre de Dios quien dedicó su vida a la promoción de la paz, la defensa de la tierra y el territorio y la lucha contra la violencia mediante la resistencia civil y pacífica. El padre Marcelo encabezó el movimiento católico del Pueblo Creyente de Simojovel; organizó grandes peregrinaciones pacíficas junto a los sectores más vulnerables, con el objetivo de promover y abogar por la paz en el estado. Apoyó a diversas organizaciones y grupos que defendían los derechos de los pueblos indígenas, resaltando siempre la imperante necesidad del respeto a su autonomía, libertad religiosa, derechos colectivos; denunció en incontables ocasiones las amenazas de despojo por megaproyectos y denunció la pobreza en la que el sistema económico mantenía a estas comunidades.
En 2020, el Padre Marcelo Pérez Pérez fue nominado al prestigioso premio Per Anger, otorgado por el gobierno sueco, por su destacada labor en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en Chiapas. En 2021, enfrentó una intensa campaña de difamación y amenazas a través de redes sociales, así como actos de vigilancia ilegal y ataques públicos promovidos por el alcalde electo de Pantelhó, Chiapas.
En 2022, la Fiscalía General del Estado emitió una orden de aprehensión en su contra, acusándolo de delitos que él negó haber cometido. Aunque la orden nunca se ejecutó, este hecho reveló el uso del derecho penal con fines de criminalización y desprestigio hacia un defensor de derechos humanos. A pesar de las alertas de diversas organizaciones sobre el riesgo que corría, las autoridades no crearon un entorno seguro para que el Padre Marcelo pudiera seguir ejerciendo su derecho a defender los derechos humanos.
Desde 2015, el Padre Marcelo fue beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a las constantes amenazas de muerte, intimidaciones y agresiones. No obstante, entre 2023 y 2024, la organización Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) documentó 200 incidentes de seguridad en su contra, lo que evidenció el grave peligro al que estaba expuesto.
El 13 de septiembre de 2024, lideró su última peregrinación por la paz en Tuxtla Gutiérrez, con la participación de más de 10,000 personas que exigieron el fin de la violencia en el estado. El asesinato del Padre Marcelo se produce en un contexto de creciente violencia contra defensores de derechos humanos en Chiapas. Entre 2017 y 2024, la ONU-DH registró al menos 134 asesinatos de defensores en México, presuntamente relacionados con su labor, y en 2024, ya se han documentado siete casos más.
Es preocupante y lamentable que el Estado mexicano no haya brindado las medidas cautelares suficientes para proteger y prevenir el asesinato del Padre Marcelo Pérez Pérez, ordenadas por la CIDH, a pesar de los riesgos recurrentes y ampliamente conocidos que enfrentaba. El Estado debió acatar e implementar las medidas cautelares ordenadas por la CIDH, destinadas a salvaguardar la vida e integridad de todos los defensores de derechos humanos en México. Es lamentable también que, en este como en muchos otros casos, el Estado mexicano no garantizara al Padre Marcelo su derecho a defender los derechos humanos, reconocido y fundamentado en varios instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.
El Centro de Derechos de las víctimas de violencia Minerva Bello convencido de la necesidad de reiterar su enérgico llamado a las autoridades para que implementen una política pública integral de protección a los defensores de derechos humanos, que debe dar prioridad al ejercicio y pleno respeto de los derechos consagrados en los instrumentos internacionales es que decide levantar su voz y acercarse tanto a la familia como a la diócesis de SCLC para acompañarles en su exigencia a las autoridades mexicanas el investigar de manera urgente, exhaustiva e imparcial el asesinato del Padre Marcelo, para esclarecer a los autores materiales e intelectuales, motivos y circunstancias reales de lo ocurrido, y que los responsables sean llevados ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, y se les apliquen las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley.
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